¿FUTURO SIN PROGRESO?
El término progreso, tal y como se plantea en los discursos y se instaura en la sociedad, es entendido como una línea recta de crecimiento hacia un futuro de posibilidades infinitas, con enfoque antropocentrista y, sobre todo, desde una visión económica capitalista extractivista. Un término muy utilizado en discursos políticos como eslogan, vacío de contenido, pero que marca la dirección de las decisiones políticas y de ordenamiento de los territorios.
En base a la fuerza que ejercen estos discursos hegemónicos, la provincia de Córdoba ha sido el epicentro de numerosos conflictos ambientales entre los grupos de poder y las voces disidentes. Grupos vecinales, asamblearios, ONGs y fundaciones han aunado fuerzas para establecer un nuevo paradigma en la realidad conservadora de la provincia, surgiendo así espacios de resistencias: los movimientos ambientalistas.
Nos urge entender al movimiento ambientalista, no como protector de un conjunto de árboles, de algún animal especifico o del espacio que nos rodea, sino desde su concepción política, cultural, económica y de identidad, con sus particularidades y sus cosmovisiones. Esto nos ayuda a concebir al vocablo ambiente en su expresión multidisciplinar y transversal.
Situación de conflicto ambiental en Punilla
Como expresión pura del capitalismo progresista, en el Valle de Punilla se repiten situaciones de conflictos ambientales muy similares y simultáneos. Grandes capitales individuales buscando maximizar sus ganancias, en detrimento del bienestar socioambiental, con connivencia del poder político.
Las localidades que conforman el valle están asentadas sobre la cuenca del Embalse San Roque, principal fuente de agua de la Ciudad de Córdoba. Esto implica que las actividades y modificaciones que se realicen dentro de los territorios van a ejercer un impacto, principalmente, en la calidad del agua y del suelo. Desmontes, avance de la frontera agrícola e inmobiliaria, obras viales e incendios son eventos que se dan en loop y que son característicos de los valles de la provincia. Cada uno de ellos origina conflictos socioambientales que lejos están de ser resueltos a nivel gubernamental. Y mucho menos si esos gobiernos no cumplen con las leyes vigentes.
Por ejemplo, desde el año 2002 existe una Ley Nacional de Presupuestos Mínimos que obliga a las provincias a efectuar una audiencia pública como una forma de participación ciudadana ante determinados tipos de proyectos [1]. En Córdoba nos llevó más de una década de luchas lograr que se aplique dicha ley. Otro tanto ocurre con la Ley de Bosques [2], con respecto a la cual la provincia sigue en mora en la actualización del mapa de ordenamiento de los mismos y, mientras tanto, autoriza emprendimientos en zonas rojas y amarillas, es decir, prohibidas para tales actividades.
Un caso anecdótico sobre lo mencionado ha sido el proyecto de mega emprendimiento de Gama S.A. llamado “El Gran Dorado” en San Antonio de Arredondo. En esta ocasión, y gracias a un amparo ambiental presentado en 2013 por la ONG ADARSA (Asociación de Amigos del Rio San Antonio), la comunidad pudo acceder a su derecho constitucional y, regida por la Ley de Presupuestos Mínimos, a la audiencia pública. Este emprendimiento se pretendía instalar en el piedemonte de las sierras, ubicado dentro de la Reserva Valle del Cóndor, sobre zonas rojas y amarillas según la Ley de Bosques. Recordando que ya estaba vigente la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos desde el 2002, la provincia finalmente accedió a la audiencia pública por orden judicial, pese a haberse resistido a la realización de la misma en todas las instancias procesales. Por ahora, el proyecto continúa frenado, y llevamos así varios años.
Este es uno de los tantos ejemplos que se ven en la provincia sobre mega emprendimientos con estudios de impacto ambiental escuetos o con irregularidades, ubicados casi siempre en zonas de bosques amarillas o rojas, que agudizan los conflictos ambientales que de por sí ya tienen las comunidades, que permanecen expectantes y en estado de alerta permanente ante estos avances, sobre todo si se trata de sectores que sufrieron incendios intencionales en los últimos tiempos.
El caso de las Torres del Lago en Villa Carlos Paz
En 2018 la Secretaría de Ambiente convocó a audiencia pública por el proyecto “Torres del Lago”. Se trataba de un emprendimiento inmobiliario que constaría de 15 torres de 12 pisos cada una y 11 edificios de 5 pisos, lo que daría un total de 2558 departamentos ubicados sobre la costa del Lago en cercanías del Arroyo los Mimbres. No obstante, el terreno a edificar se encontraba en zona amarilla según Ley de Bosques y es considerado área de riesgo arqueológico, motivo por el cual la construcción se encontraba prohibida por ley. Dicha audiencia no llegó a celebrarse. Fue suspendida debido al duelo provincial por el fallecimiento del Dr. José Manuel De La Sota.
En junio del 2021 apareció nuevamente en la página web de la Secretaría de Ambiente la convocatoria a audiencia pública, con el mismo estudio de impacto ambiental, pero en esta oportunidad no se aclaraba en qué municipio se ubicaría el proyecto. Este es un dato importante, ya que la primera autorización para un proyecto debe partir de un municipio o comuna y, en este caso, las coordenadas del emprendimiento indicaban que el mismo se ubicaría en Villa Carlos Paz.
De inmediato, las autoridades carlospacenses salieron a expresar públicamente no haber otorgado ninguna factibilidad de localización al mismo. Lo cierto es que la situación, aun con la poca información brindada, sumada a la sensibilidad generada a raíz de los recientes incendios en la zona, provocó un rechazo social muy fuerte. Quedó en evidencia la inviabilidad del proyecto. Cómo un deja vu, tres días antes de la fecha estipulada para la audiencia, la Secretaría volvió a anunciar la cancelación de la misma, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿acaso el emprendimiento será rechazado definitivamente?
Por lo pronto, en lo que amerita a su nuevo ejido, Villa Carlos Paz ya sancionó una ordenanza que crea el Área Protegida Norte, con la intención de generar un ordenamiento territorial atendiendo a las necesidades sociales y a las legislaciones pertinentes.
Crónica de una autovía anunciada
Probablemente el conflicto socioambiental más intenso y popular que haya vivido el Valle de Punilla en los últimos años haya sido la Autovía de Punilla. El término utilizado durante la presentación oficial de esta obra fue, una vez más, progreso. Nuevamente, esta línea imaginaria hacia un lugar de posibilidades infinitas, pero que en esta ocasión fue identificada con una autovía donde la velocidad es el objetivo. Podría decirse que en nombre del progreso se justifica el avasallamiento y la destrucción de los bienes comunes.
Como una jugada estratégica, todo comenzó en el 2017 con la continuación de las obras de la variante Costa Azul hasta la Comuna de San Roque, coronadas por un enorme y vistoso puente. La realización del mismo implicaba la destrucción de parte de las sierras, afectando por ende al bosque y al ecosistema nativos. Lo anecdótico de esta situación es que cuando fuimos convocados a la audiencia pública, el gobierno ya había licitado la obra unos meses antes, convirtiendo a la audiencia en una formalidad para una obra ya “cocinada”, donde incluso se había ocultado una Autovía de Montaña como parte del proyecto.
Además, como parte de la estrategia, la obra no se planteó como un único proyecto. En cambio, fue dividida en tramos con sus correspondientes estudios de impacto ambiental para lograr aprobaciones parciales en la Secretaría de Ambiente. A saber: (1) variante Costa azul a San Roque, con un primer estudio; y (2) San Roque — Cosquín (por el este) y San Roque — Molinari (por el oeste), con otro estudio. Sin embargo, la obra está anunciada hasta la localidad de La Cumbre. ¿Acaso queda pendiente de presentación un tramo Molinari – La Cumbre?
En la audiencia pública para el tramo San Roque – Cosquín, la participación ciudadana aumentó sustancialmente: hubo más de 900 inscriptos. Diversos actores de localidades afectadas directa o indirectamente se manifestaron, ya más organizados e informados. A pesar del rechazo social reflejado nuevamente en la audiencia pública, la Secretaría de Ambiente dio la licencia Ambiental, con una serie de “modificaciones”. La presión y el rechazo social no mermaron, lo que llevó al gobierno provincial a anunciar la suspensión de la obra y el análisis de futuras alternativas para realizarla. La Autovía de Montaña quedó en stand by.
Durante el 2021, en tiempos de pandemia y virtualidad, el gobierno volvió a reflotar el proyecto de autovía. Esta vez, pretendiendo ubicarlo por sobre el oeste, propuso el proyecto del tramo San Roque – Molinari. Mientras tanto, el contexto ambiental del Valle de Punilla solo empeoró. La crisis económica y la crisis sanitaria agudizaron las problemáticas, con comunidades que no tienen acceso al agua potable, ni hablar de gas natural o cloacas, y la carencia de atención médica que lleva a los habitantes a viajar a la capital para recibir tratamiento. Avanzar por el oeste ahora implicaría no sólo la destrucción de bosques en zonas rojas y amarillas, sino también la expropiación de tierras campesinas y vecinales, de comunidades originarias, y la destrucción de sitios arqueológicos, entre otras cosas.
Nuevamente, el espacio de participación ciudadana que nos brindaron fue simplemente la audiencia pública, con la salvedad de que, en esta oportunidad, fue virtual. Si bien los problemas de accesibilidad, ya fueren de internet, de tecnología o de escolaridad, fueron impedimento y motivo de discriminación para muchos de los participantes, con ayuda de las organizaciones y movimientos ambientales se logró asegurar medianamente estos derechos. La audiencia fue transmitida por streaming en YouTube y duró más de un mes, con hasta un 90% exposiciones que rechazaban la obra.
Sin lugar a dudas, cuando no se brindan los espacios de verdadera participación ciudadana, —la que no se agota solo en una audiencia pública—, ni se incentiva o se informa a la ciudadanía, surgen los conflictos. Conflictos que, en realidad, derivan de la puesta en crisis del paradigma de progreso.
Un futuro nuevo debe ser y será posible. Las voces que han sido silenciadas y avasalladas, encontrarán su espacio para ser oídas.
El progreso que destruye, mata y contamina no es progreso.
[1] Ley nacional n° 25.675 o Ley General del Ambiente, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm
[2] Ley nacional n° 26.331 o de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental De Los Bosques Nativos, disponible en: http://www.derecho.uba.ar/academica/derecho-abierto/archivos/Ley-26331.pdf