EL AGUA ESTÁ QUE ARDE

EDITORIAL

Cinco años atrás, durante el primer día del mes de agosto, el entonces intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, anunció la municipalización del servicio de agua que, hasta el día de hoy, se encuentra en manos de la Cooperativa Integral (Coopi). La noticia tuvo lugar en el marco del discurso por la apertura de sesiones ordinarias del Concejo de Representantes 2016-2017. De aquel momento a esta parte, el conflicto con la actual prestataria, transitó por múltiples escenarios: los medios locales, los discursos políticos, la calle, las redes sociales (incluyendo el twitter del presidente Alberto Fernández) y, fundamentalmente, las instancias judiciales.

Lejos de lograr consensos o vislumbrar una salida colectiva, la iniciativa de Avilés podría concretarse el próximo 26 de febrero en un acalorado ambiente de tensión creciente. De hecho, al momento de escribir estas palabras, trabajadores de la Coopi, nucleados en el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS) decidieron encadenarse frente a la Legislatura provincial para solicitar su mediación inmediata.

La problemática trasciende ampliamente la cuestión ciudadana sobre la utilización de un bien público y un servicio para la comunidad. En esta ocasión, lo político brota con esa capacidad implacable de batallar todo. Del grifo que se abre y el agua que corre, corren también las pugnas partidarias, las historias urbanas, las concepciones de Estado y las voluntades de la población.

Es que en Villa Carlos Paz, la Coopi está lejos de ser un actor apático. Muy por el contrario, su rol de disputa política es evidente tanto desde el marco cultural como desde lo partidario. Ejemplo de esto último fue la participación de Alejandro “Tati” Eguiguren -ex gerente general- como candidato a intendente de la ciudad en las elecciones de 2011 con una lista que reunía al kirchnerismo local. Asimismo, el rol político de Avilés no admite ningún perfil bajo. Con origen puro en la UCR, a lo largo de su mandato ha logrado posicionarse en la escena nacional codeándose con los que sea necesario. Desde Macri y Scioli, pasando por Luis juez y llegando en 2019 a su primer cargo en el Ejecutivo provincial con el peronismo del gobernador Juan Schiaretti.

Si bien la Coopi está lejos de contar con el caudal electoral del oficialismo, su presencia en la ciudad les molesta y pone frenos a las ambiciones políticas, personales y económicas de quienes direccionan los rumbos del municipio desde 2011.

Protagonistas

Aunque la quita del servicio sería inminente, la disputa se concentra actualmente en tres puntos principales: la conservación de los puestos y convenios laborales, el futuro de la Coopi y, finalmente, asegurar un traspaso y una gestión municipal enfocada en los usuarios y vecinos.

Como señalamos, el entramado político es complejo. Ausente de la escena local, el radical Avilés se encuentra trabajando para Schiaretti al frente de la Agencia Córdoba Turismo. Por su parte, el actual intendente de Villa Carlos Paz, Daniel Gómez Gesteira, podría anotarse el logro político de concretar el proceso iniciado por su antecesor; a la vez que lidia con una intensa huelga en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago que el pasado 6 de febrero se quedó sin personal anestesista tras la renuncia de cinco profesionales por dicho conflicto laboral. Por tal motivo, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) emitieron un comunicado expresando ‘gran preocupación por el desmantelamiento que se viene llevando adelante en materia de salud pública, gratuita y de calidad, en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz’.

En la vereda del frente, la Coopi viene realizando acciones de protesta y visibilización pública de la situación en las que han contando con el amparo de diferentes entidades del cooperativismo a nivel nacional, sectores cercanos a los movimientos sociales, los medios comunitarios y el acompañamiento -por el momento simbólico- del presidente de la Nación quien los recibió en su despacho días atrás.

La actual prestataria denuncia la incapacidad por parte del gobierno municipal para asumir el control. Desde la entidad, comentaron que actualmente el único servicio público que es gestionado por el municipio es el alumbrado urbano. “El resto está tercerizado. Ni siquiera pueden realizar controles de alcoholemia por falta de insumos y quieren asumir el servicio de agua en toda la región, es una burla.  Creemos que la idea es hacer que el agua sea una moneda de cambio para los grandes emprendimientos inmobiliarios en lugar de ser un derecho humano con acceso universal”, comentó a POGO Rodolfo Frizza, gerente general de la cooperativa.

Bajan turbias

Claro está que ninguno de los sectores tiene mínimas intenciones de ceder en un conflicto que tiene décadas de gestación y que probablemente no concluya ni siquiera con el traspaso del servicio. La disputa de poder queda y ningún pronóstico señala paños fríos. En este sentido, Roque Merlos, trabajador de la Coopi e integrante de la Comisión Directiva del gremio advirtió la semana pasada en Radio Villanos que irán “reforzando las acciones a medida que nos acerquemos al 26”. La cuestión sindical ronda principalmente en los contratos precarizados que ofrece, de manera histórica, el Municipio. Además, de concretarse un posible traspaso de toda la planta de la Coopi, los asalariados perderían la antigüedad, tipo de contrato y otros beneficios que el sector público municipal está lejos de ofrecer.

Por su parte, Frizza indicó que la institución se encuentra a la espera de una respuesta frente a las gestiones realizadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperan, mediante esta estrategia, contar con una medida cautelar que frene el proceso. “Entendemos el agua como un derecho humano, no como un bien negociable; y sabemos que eso está en riesgo, junto con el cuidado del medio ambiente y el derecho al trabajo”, expresó. A su vez, descartó que el gobierno de la provincia haya actuado frente al conflicto y calificó la intervención del Ministerio de Trabajo como “mínima y vergonzosa”.

Respecto al historial jurídico, desde la Coopi niegan la existencia de un fallo que le posibilite el margen de acción con el que se mueve el Municipio. “No hay ningún fallo de la Corte Suprema. La Corte no ha tratado el tema, dejando firme un fallo dividido y con muchas advertencias por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El único fallo unánime que existió fue el de la Cámara Contencioso Administrativo, y fue a favor de la Cooperativa”, remarcó.

Según las declaraciones del gerente general, el TSJ desestimó el planteamiento de la Coopi respecto de la manipulación de los mecanismos democráticos establecidos en la Carta Orgánica de la ciudad. Sucede que, para llevar adelante el proceso el intendente debe lograr la aprobación de una ordenanza con doble lectura y mayoría agravada por parte del Concejo de Representantes. “Como se dieron cuenta que no llegaban con los votos, decidieron retirar la ordenanza y hacerlo por medio de un decreto. Es un desatino histórico, es descabellado”, evaluó Frizza.

Larga marcha

Consultado sobre la génesis de la disputa, el cooperativista señaló que existe una explicación histórica y familiar; de susceptibilidades políticas y viejas broncas. La hora cero que marcó el clima incendiario puede ser puesta en 1987 cuando, luego de una asamblea de trabajadores, la Coopi decidió un recambio en su conducción desplazando a los entonces presidente y vicepresidente. Cargos ocupados por el abuelo y padre de quien sería, décadas después, intendente de la ciudad: Esteban Avilés.

Frizza aseguró que la familia Avilés-Rigazio defendía “los intereses de los dueños de la tierra con una orientación inmobiliaria” y que se vinculan con este tipo de emprendimientos. “Hay un gran resentimiento familiar que ahora se mezcla con el deseo de quedarse con la caja de la Coopi para incrementar las políticas de mordaza y dominio”, concluyó.

Dictamen

Una de las instancias previas al día 26 será el próximo jueves 18 a las 10 horas en el que se dará a conocer la resolución de una Asamblea Pública Participativa donde se abordaron “los temas que más preocupan a la población por estos días”: la situación del personal de salud, el futuro de la COOPI y del servicio de agua, y la continuidad de Carlos Paz Gas. El dictamen fue elaborado por una Comisión Evaluadora integrada por Adolfo Pérez Esquivel, Rafael Velasco, Enzo Stivala, Ana Almada, Nahum Mirad, Alejandro Russo, María Victoria Noriega, Oscar Atienza, Carlos Presman, Mónica Lungo, Ana María Fernández, Ricardo Luis López y Alejandro Potel Junot.